Las y los 32 gobernadores de México, enviaron una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, en la que pidieron no eliminar la figura de la prisión preventiva, por los efectos que esto podría causar a nivel nacional.

El llamado en calidad de Amicus Curiae, se da en reacción a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que declara la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar inconvencional.

A través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), las y los mandatarios estatales, señalaron que desaparecer esta herramienta afectaría la seguridad y la gobernabilidad del país y sus entidades, así como a las víctimas que resienten directamente las conductas delictivas.

“La figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”.

La Conago, resaltó que si bien las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, estas deben estar armonizadas y no trasgredir la Constitución, por lo que pidieron a la SCJN, aplicar el principio de supremacía constitucional y evitar afectaciones al derecho interno.

También recordaron que la prisión preventiva oficiosa, se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que se aplica en casos donde otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que no haya impunidad.

La carta empezó a circular el pasado 24 de abril cuando el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, difundió el documento en redes sociales con apenas cuatro firmas de gobernadores; posteriormente el 29 de abril, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, hizo una publicación del mismo documento con la firma de las y los 32 mandatarios.