Ecuador cruzó “líneas que no deben cruzarse”: México en audiencia ante CIJ

CIJ Foto: @marthalvarezr

Este martes inició la primera audiencia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas, por la irrupción del gobierno de Ecuador en la Embajada de México el pasado 5 de abril, en que la delegación mexicana pidió aplicar medidas cautelares para evitar que el hecho se repita.

Fue Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien expuso que el asalto a la embajada mexicana en Quito, constituye una violación al derecho internacional previsto en la Convención de Viena, que no se debe dejar pasar.

“Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República del Ecuador las ha cruzado.

“Las acciones emprendidas por Ecuador no solo transgredieron los límites establecidos del derecho internacional, sino que también sentaron un precedente desconcertante que resuena en la comunidad internacional”, señaló Celorio ante los jueces en la Corte de La Haya.

El miembro del equipo diplomático mexicano, comentó que pese a los argumentos del gobierno ecuatoriano sobre la intención de detener al exvicepresidente Jorge Glas, no hay ninguna norma internacional que permita anular la inviolabilidad diplomática de una embajada.

Sostuvo que el hecho del 5 de abril, no sólo preocupa a México, sino a 68 países y organizaciones de todo el mundo que repudiaron el comportamiento de las autoridades de Ecuador.

Y a quienes inquieta también la repetición de infracciones similares, por lo que se pide la aplicación de medidas cautelares.

“Esta Corte tiene la oportunidad de reiterar firmemente este principio bien conocido del derecho internacional al conceder las medidas provisionales que México solicita respetuosamente”, agregó.

Las medidas provisionales solicitadas por México, consisten en que el gobierno de Ecuador tome acciones inmediatas para la protección de las sedes diplomáticas, sus propiedades y archivos y así prevenir su intrusión.

Ello, para que se permita al gobierno de México desalojar las sedes y la residencia privada de agentes diplomáticos.

Además, llama a que el gobierno de Ecuador garantice que no se tome ninguna medida que perjudique los derechos de México tras la decisión que tome la CIJ sobre el caso y que se abstenga de cualquier acto que pueda agravar o ampliar la disputa entre ambos países.