FGR es opaca al inculpar y no dar pruebas en caso Colosio: Laura Sánchez Ley

La periodista señala a Mexiquense Digital que la Fiscalía revivió la teoría del segundo tirador surgida en 1995, sin presentar un informe formal que sustente, como se hacía antes

La FGR intenta revivir la teoría del segundo tirador en el Caso Colosio. Imagen: Mariana Hernandez

En el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido opaca al no presentar más pruebas y solo hacer acusaciones al Poder Judicial, afirma la periodista Laura Sánchez Ley.

En entrevista para Mexiquense Digital, Sánchez Ley señala que la Fiscalía del caso, que comanda el fiscal Abel Galván, presenta a José Antonio Sánchez Ortega, exagente del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), como el segundo tirador, sin dar más información ni revelar las pruebas que dice tener al respecto.

Hablan de un hombre llamado José Antonio Sánchez Ortega, que pues justamente habría estado ahí involucrado en el tema de Colosio.

Sin embargo, nos lo lanzan en un comunicado de cuatro párrafos a medias, donde dice que en un juzgado les está declinando la orden de aprehensión, sin siquiera contarnos o dar un informe” cuestiona la periodista que desclasificó el expediente de Mario Aburto.

La autora de “Aburto: Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo” explica que la más reciente investigación de la Fiscalía sobre el asesinato de Colosio empezó en 2022 y en esta se retomó la teoría del segundo tirador, que surgió en agosto de 1995 en una carpeta de investigación iniciada por el entonces fiscal del caso, Pablo Chapa Bezanilla y fue abandonada en el 2000, la cual recopiló al menos 61 testimonios.

Lo que esta Fiscalía hizo fue reabrir esa averiguación previa, exactamente. No es que sea una nueva investigación, sino reactivaron una que desde el año 2000 estaba parada.

Lo que sí nos podría explicar la teoría de segundo tirador, y dar continuidad a esa historia”, añade la reportera nacida en Tijuana.

Este, precisa, es un caso de interés público, clasificado así por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desde 2019, para que, pese a que haya una investigación en curso, la dependencia encargada —en este caso la FGR— haga pública la información.

Y es que desde 1994, rememora la periodista, han existido cuatro fiscalías especiales encargadas en la investigación del caso Colosio y la tendencia ha sido omitir y desacreditar las teorías de sus antecesores.

Sánchez Ley comenta que “parecería que van ahí marcando una tendencia”, sin embargo al hacer un recuento ejemplifica este circulo de señalamientos.

Mario Montes fue el primer fiscal nos decía que fue una acción concertada; la segunda, Olga Islas Mariscal —quien sentencia a Aburto— dice que fue el asesino solitario; mientras que Pablo Chapa Bezanilla dice que hubo un complot y el último, Raúl González Pérez, dice que fue un asesino solitario”.

“La tendencia nos decía que este iba a decir que igual fue un complot también. Es como si cada fiscal fuera contradiciendo a lo que dijo el último”, señala Sánchez Ley.

El enigma del segundo tirador

La teoría del segundo tirador surgió primero por versiones dadas por periodistas y reporteros que estuvieron ahí e investigaron sobre el magnicidio, como es el caso de José Reveles, pero no fue hasta que se desclasificaron los documentos que se encontraron más pruebas que sustentaran esta teoría, explica Laura Sánchez Ley.

Cuando se desclasifican los documentos, encontramos finalmente pruebas de laboratorio, es decir, las pruebas de rodizonato, cosas de ese estilo, como pruebas de ADN, que realmente, pues sí, corroboraban a través de documentación que la misma autoridad generó que la sangre (en la ropa de Jorge Antonio Sánchez Ortega) era de Colosio”, narra la periodista.

Para Sánchez Ley estas pruebas dan indicios de que Sánchez Ortega es una persona importante, ya que traía una chamarra manchada con sangre de Colosio y que debió estar muy cerca del lugar.

Tras el crimen en Lomas Taurinas, el exagente del Cisen lo detuvo un agente de la policía municipal e interrogado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por 5 horas, sin embargo lo liberaron ya que no se encontraron pruebas.

Ahora tenemos evidencia de que las autoridades tenían conocimiento pleno y científico de que Jorge Antonio Sánchez Ortega podía aportar mucho a la investigación.

¿Qué fue lo que hizo la PGR? Liberarlo en menos de 5 horas argumentando que no hay evidencia suficiente para detenerlo, cuando tuvieron detenidas dos años a otras personas, torturándoles y jodiéndoles la existencia hasta que se murieron”, recapitula y cuestiona Sánchez Ley.