Toluca, Estado de México, 08 de marzo de 2023.-

Desde los últimos meses de 2019 hemos presenciado en México y en particular en la Ciudad de México, una creciente y vigorosa movilización de mujeres jóvenes que han tomado el espacio público (calles, plazas, universidades, medios masivos y redes sociales) y han protagonizado a la fecha uno de los movimientos más novedosos, radicales y estimulantes de las últimas décadas.

Desde el inicio, el núcleo central de sus demandas ha sido, la denuncia y el alto a la violencia contra las mujeres, que en muy diversos ámbitos se ha hecho cada vez más visible y persistente, llegando a extremos escandalosos e inadmisibles, como el aumento de feminicidios en distintas regiones del país, con particular énfasis en Ciudad Juárez y el Estado de México.

Desde hace más de cuatro décadas los feminicidios eran ya una dramática realidad en ciertas ciudades y entidades emblemáticas: Ciudad Juárez, en Chihuahua, distintos municipios del Estado de México como Ecatepec, ciertas ciudades de Veracruz y Guerrero, entre otros.

No obstante, en los años más recientes esta geografía de la violencia contra las mujeres se extendió progresivamente también a otras regiones -incluida la Ciudad de México- Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Sonora, Oaxaca e Hidalgo, entre las más notorias.

El aumento de los feminicidios ha sido, sin duda, la punta de lanza de la nueva oleada de movilización feminista, pero éste ha ido de la mano de otros muchos agravios y modalidades de violencia de género cada vez más inaceptables e intolerables para las mujeres, especialmente para las nuevas generaciones de jóvenes, extremadamente amenazadas en su vida cotidiana.

El acoso, la violación, el secuestro, la trata, el amedrentamiento, la discriminación y el abuso presente en múltiples espacios (laborales, escolares, familiares) han sido signos inequívocos de un permanente asedio a las mujeres, que lejos de disminuir se ha agudizado en los últimos años.

Si bien este escenario es nacional, y el movimiento desencadenado en torno a la violencia de género se inscribe también en este ámbito, uno de las manifestaciones más significativas y visibles fue la que surgió en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el seno mismo de la capital del país desde la primera mitad del 2018, y que se intensificó y adquirió creciente relevancia a partir de agosto de 2019. Y ello, porque fue en la propia Universidad Nacional donde se registraron de manera progresiva diversos episodios de violencia y denuncias por motivos de género, incluido el feminicidio de dos alumnas y reiterados casos de acoso, violación y desaparición de otras tantas.

Esto condujo a que diversos colectivos estudiantiles de mujeres jóvenes realizaran numerosas movilizaciones y llevaran al paro a varias escuelas de bachillerato y nivel superior (varias de éstas se mantienen aún en esta situación); también condujo a que el movimiento rebasara los confines de la universidad, saliera a las calles, convocando a otros colectivos y actoras y actores sociales, y se uniera así también a una ola mucho más amplia latente en el país (y también en varios países de América Latina): la llamada “Marea Verde”, por la despenalización del aborto.

Es importante hacer énfasis en el protagonismo de los colectivos de mujeres de la UNAM, ya que, en buena medida, fue a partir de las acciones convocadas por ellas que el movimiento se potenció en 2019, se extendió a otros grupos y colectivos feministas y de mujeres, y se fue posicionando un eje común para la acción, en el que confluyeron muy diversas demandas de movimientos previos y actuales centrados en la violencia contra las mujeres.

En particular, la movilización organizada en el mes de agosto de 2019 ante el Gobierno de la Ciudad de México para denunciar la impunidad y falta de respuesta ante la violación de una mujer por policías locales fue un episodio que condensó los agravios acumulados y que agudizó la protesta al recibir una respuesta desatinada de las autoridades locales, quienes minimizaron la gravedad de la denuncia y no la atendieron con la inmediatez que correspondía.

A partir de estos sucesos y hasta la fecha, la movilización de las mujeres fue in crescendo y dio forma a un movimiento álgido y novedoso, que en muchos sentidos puede catalogarse como “de nuevo tipo”: con un/a actor/a protagónico/a peculiar, diversificado e igualmente diferente a los feminismos anteriores, sin un liderazgo específico y unificado, con demandas centradas en la violencia por razones de género, en este caso contra las mujeres, pero con derivaciones e implicaciones en otros ámbitos del feminismo y de la condición de desigualdad genérica, y con un lenguaje muy “propio”, directo y confrontativo. Se trata de un/a actor/a con una nueva versión de la “radicalidad” que pone por delante grandes desafíos para los movimientos sociales y la acción colectiva en general, para la articulación y confluencia de diversos/as actores/as sociales, para los gobiernos e instituciones, y con un alto potencial que ha llevado al movimiento a poner en entredicho y replantear las coordenadas de la lucha política y la transformación social.

Aumento tangible de la violencia

En México la violencia ha aumentado notablemente en las últimas dos décadas, y no sólo aumentó sino que se diversificó, se trasladó a nuevos nichos y anidó en ámbitos muy diversos (narcotráfico y crimen organizado principalmente), dando lugar a una oleada de delitos y agravios de toda índole: desapariciones forzadas, secuestros, enfrentamientos armados, robos y despojos, amenazas, extorsiones, intimidación y agresiones físicas y emocionales, para nombrar sólo algunos.

De acuerdo con datos de 2016, en México 66.1 % de las mujeres, aproximadamente 30.7 millones (de los 46.5 millones de mujeres residentes de 15 años y más), han padecido al menos un incidente de violencia en alguna de sus manifestaciones: física, económica, emocional, sexual o de discriminación en el espacio laboral, escolar, comunitario, familiar o con su pareja (INEGI, 2016). De este tipo de violencias, la emocional es la más alta (49 %) y le siguen la sexual (41.3 %), la económica (29 %) y la física (34 %).

Esta misma en cuesta revela que por cada 100 mujeres de 15 años o más que han tenido pareja o esposo, 42 de las casadas y 59 de las separadas, divorciadas o viudas han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual, siendo la emocional la más recurrente; destacan 10 entidades que están por encima de la media nacional, tanto con respecto a la violencia total a lo largo de la vida como en la violencia reciente (últimos 12 meses: octubre de 2015 a octubre de 2016): Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Baja California, Coahuila, Jalisco, Durango, Querétaro y Yucatán.

En la misma muestra se evidencia que el ámbito de la pareja y familiar es donde se experimenta la mayor violencia hacia las mujeres y que el principal agresor es casi siempre el esposo, la pareja o el novio. El segundo ámbito donde se manifiesta la mayor violencia (38.7 %) es el comunitario, o el espacio público: la calle, el parque o el transporte público. El espacio laboral está en tercer lugar, con 26.6 %, donde las mujeres han experimentado principalmente situaciones de acosos sexual y de discriminación, por género o por embarazo. Y el ámbito escolar ocupa el cuarto sitio, con 25.3 % de mujeres que hicieron frente a distintas formas de violencia tanto por maestros como por sus propios/as compañeros/as.

Según información más reciente, de 2019, en México se registraron a lo largo de este año más de medio millón de casos de violencia contra las mujeres (507 000 casos), de los cuales 9 de cada 10 revelaron que el principal agresor es un familiar de la víctima. En este último año las entidades con mayor número de casos no se corresponden en sentido estricto con las de otros años, y destacan Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Nuevo León y Aguascalientes, en este orden.5

Dentro de lo anterior, sobresale la violencia feminicida (que no es la más generalizada, pero sí la más grave: lo mas generalizado son las violaciones), que de todas las violencias contra las mujeres es la más extrema por implicar la pérdida de la vida, y por estar casi siempre acompañada de brutalidad, vejaciones y torturas.

Estos datos se potencian en 2018, año en que, según datos de la CEPAL (2018), el feminicidio en México llegó a 898 por cada 100 000 mujeres muertas por esta causa en el año. Hoy, en 2020, las cifras de feminicidio indican que sólo durante los dos primeros meses del año hubo en nuestro país 165 casos (Velázquez, 2020); sin embargo, otras fuentes aseguran que de enero a diciembre de 2019 hubo en el país 1 006 feminicidios (RompevientoTV, 2020), y que el promedio de muertes en esta modalidad llega actualmente a cerca de 10 por día. Visto de manera retrospectiva, se considera que de 2016 a la fecha los feminicidios han aumentado 137 % a nivel nacional (Méndez y Jiménez, 2020). La variación en las cifras que ofrecen distintas fuentes se debe en buena medida a que aún no se hace uso de un criterio unificado para definir el feminicidio y determinar en qué casos los homicidios registrados contra las mujeres corresponden a esta categoría (feminicidio). Sin embargo, es claro que el atentado contra la vida de las mujeres ha ido en aumento.

Todo lo anterior nos indica que no hay, como se dice hoy, sólo un aumento en la visibilización de la violencia contra las mujeres, sino un aumento real del propio fenómeno.

Con información de scielo.org.mx