INVALIDAN PRISIÓN PREVENTIVA POR CONTRABANDO, DEFRAUDACIÓN FISCAL Y FACTURAS FALSAS

La SCJN declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal; también por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos.

defraudación fiscal Foto: @azucenau

Ciudad de México, 25 de octubre 2021.- 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal, el uso de facturas falsas y el contrabando.

Durante la reunión del pleno de ministros consideró por mayoría calificada de 8 votos que el decreto publicado el 8 de noviembre del 2019 contraviene la Constitución Política, por lo que representa un exceso calificar este tipo de delitos como amenazas contra la seguridad nacional.

Dicho decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, en materia de declaración fiscal y comprobantes fiscales apócrifos.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición, en virtud de los delitos fiscales no constituyen un riesgo para la integridad del Estado Mexicano.

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat defendieron sancionar con prisión preventiva la defraudación fiscal y la facturación falsa; sin embargo, los ministros consideraron que la reforma confundía las amenazas a la Seguridad Pública con aquellas que pueden ser en perjuicio de la Seguridad Nacional.

Por su parte, el argumento del ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, fue que dictar prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal violaría los derechos humanos de las personas señaladas.

Añadió que dicha medida sólo puede ser cuando hay peligro de sustracción de la persona o pueda destruir pruebas, y no está permitido establecer el peligro del sujeto ni el delito.

Con información de: La Razón