INE COMIENZA REVISIÓN DE FIRMAS PARA CONSULTA DE JUICIO A EXPRESIDENTES

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En una primera etapa de revisión se verificará uno a uno que no existan registros duplicados y que los ciudadanos firmantes se encuentren en la Lista Nominal-

Ciudad de México, 29 de septiembre de 2020.- Un grupo de personas en el Centro nacional de Impresiones del Instituto Nacional electoral (INE), inició la re visión de 80 cajas con firmas de apoyo ciudadano para solicitar una consulta popular con el propósito de enjuiciar a los expresidentes, proceso que costará más de un millón de pesos.

La primera etapa consta de una revisión donde uno a uno se verificarán las firmas de que no existan registros duplicados y que los ciudadanos se encuentren inscritos en la Lista Nominal, “siendo obligatorio que haya una coincidencia en sus firmas y en sus datos.

Por ello, el INE señaló que “en caso de que los registros no aparezcan en una primera búsqueda, se procederá a hacer una revisión en el histórico del Padrón Electoral, aunque los registros que se encuentren serán identificados como bajas y se descontarán del número final”.

Recordemos que para este proceso el Instituto Nacional Electoral dispuso de un millón 832 mil 110 pesos, en la contratación de personal para llevar a cabo los conteos y la verificación de la firma, además de la compra de materia y el condicionamiento de áreas de trabajo garantizando la salud de todos los participantes.

Para este último caso, se estableció un filtro sanitario para revisar la condición de salud de quienes apoyarán en las actividades de la consulta popular con el fin de prevenir cualquier contagio; los espacios físicos fueron sanitizados y acondicionados con los lineamientos de sana distancia.

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Asimismo, las firmas deberán corresponder al 2 por ciento de la Lista Nominal, es decir, al menos deberán ser un millón 821 mil 405. Después el INE procederá a realizar una muestra probabilística para revisar a los seleccionados y verificar su autenticidad en estas consultas.

De cumplirse con el respaldo mínimo previsto en la ley, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores enviará la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), junto con la propuesta de pregunta de los peticionarios para que resuelva sobre su constitucionalidad. Contará con 20 días naturales para resolver sobre la constitucionalidad de la pregunta y, en caso de ser así, se turnará al Senado de la República para la emisión de la convocatoria”.

Con información de: Milenio