Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echaron para atrás la llamada “Ley Bonilla”, para poder ampliar el periodo de mandato del gobernador actual de Baja California
Durante la primera sesión virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros aprobaron por unanimidad el proyecto del ministro Fernando Franco que acepta las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Con esto, el gobernador Jaime Bonilla no podrá ampliar de dos a cinco años su periodo de mandato.
En tanto al Fraude constitucional; Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que las modificaciones que hiciera el Congreso de Baja California son un “fraude constitucional” y que se deben respetar las elecciones y la voluntad popular.
Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”, dijo.
El ministro presidente afirmó que existe un efecto de “corrupción” en la forma en la que actuó el congreso de Baja California.
La aprobación vulnera la esencia del proceso democrático, como forma de limitación del poder. Las violaciones son muy graves y cada una de ellas sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma, pero interrelacionadas ponen de manifiesto un fraude a la Constitución. Un efecto corruptor de rango constitucional. Se llevó una maquinación para burlar la voluntad popular, corrompiendo el principio democrático. Violaciones constitucionales no se pueden sostener por encuestas”.
En su intervención, Yasmín Esquivel, ministra nombrada durante esta administración dijo que aceptar la ampliación de mandato daría pauta para “caprichos” de quienes buscan vulnerar la Carta Magna.
Esto daría pauta a caprichos e intereses de todo tipo, de aquellos que desean vulnerar la Constitución. Ningún poder puede extralimitarse en sus facultades. Legalidad sí, siempre y cuando se respete la voluntad popular”, explicó.
La ministra, quien ha sido identificada como pareja sentimental del asesor de la presidencia José María Riobóo aseguró que con este precedente se busca que no haya maniobras legales para que ninguna autoridad se perpetúe en el cargo.
Es un fraude a la ley. Esta votación es un precedente para evitar que cualquier autoridad, municipal, electoral o federal se perpetúe en el cargo con maniobras legales. No se debe violentar la voluntad popular: Yasmín Esquivel.
Por su parte, la ministra Margartia Ríos-Farjat, quien fuera titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmó que es inconstitucional la reforma de Baja California.
No sólo contraviene principios constitucionales, los minimiza, la verdad se está soslayando la Constitución local y federal. Queda en evidencia la falta de compromiso con la Constitución de Baja California y la Constitución federal. Se debe preservar la confianza en los procesos, en el voto, la confianza en la democracia”.
En este sentido, Juan Luis González Alcántara argumentó que la aprobación del octavo transitorio del artículo 112 de la Constitución de Baja California atropella el derecho al sufragio.
La aprobación atenta contra la certeza electoral de promulgar los cambios 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Esto atropella el derecho al sufragio”, dijo.
La ministra Norma Piña también está a favor del proyecto del ministro Franco. Señala claramente que el congreso local votó en sentido contrario a la voluntad popular y traicionó a sus representados, lo cual es una afrenta a la democracia #LeyBonilla.
Luis María Aguilar afirmó que no se debe permitir la reelección en el Estado mexicano.
Así, durante muchos años la no reelección fue entendida como un cláusula pétrea y desencadenó la lucha revolucionaria que tantas vidas costó al país y sobre todo, tras un largo proceso de consolidación, delineó los contornos básicos de lo que hoy somos. No obstante, algunas permisiones, para algunos otros cargos la prohibición de la figura de la no reelección prevalece, de manera absoluta, para quienes se desempeñan como titulares del poder Ejecutivo. Y no podrán ocupar el cargo más allá del tiempo del que fueron votados”.
Aseguró que si no se da marcha atrás a la aprobación del congreso local, podría regular otros procesos.
Para el experto en derecho electoral, Arturo Espinosa Silis, el fallo de la SCJN en contra de la Ley Bonilla es una expresión de la funcionalidad de los contrapesos que existen entre poderes.
Esta es una de las sentencias más importantes de la SCJN en cuanto a órgano constitucional y defensor de la democracia. No solo porque cumplió su función de defensor del orden constitucional, sino porque además mostró ser un auténtico contrapeso a otros poderes del Estado. Lo resuelto por los ministros y ministras de la SCjN es contundente en Baja California se buscó hacer un fraude a la Constitución, se puso en riesgo la democracia y se violentó el mandato ciudadano expresado en las urnas”, indicó.
Comentó que a partir de este fallo la gubernatura de Bonilla tendrá una duración de 2 años, misma que concluirá en 2021 y, por tanto, previamente deberá haber elecciones para elegir nuevo gobernador o gobernadora.
Con información: Expansión
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