QUEDAN PROHIBIDOS BLOQUEADORES DE CELULARES

Foto:@rancheritaxemu

Los particulares que usen bloqueadores de celulares serán sancionados con 12 a 15 años de prisión.

Ciudad de México, 26 de enero de 2020.- A partir de ayer, la Secretaria de Comunicaciones y transportes emitió el decreto que prohíbe usar, fabricar, comercializar y poseer bloqueadores de teléfonos celulares (conocidos como jammers), que tienen como función anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

Foto:@golfo_pacifico

Aquellas personas que de forma individual, violen esta disposición serán sentenciadas a una pena de 12 a 15 años y de 15 a 18 años si el delito lo comente un servidor público.

De acuerdo con el mandato, solo los centros de readaptación social son excluidos de este cumplimiento que entro en vigor ayer, con la advertencia de que los particulares que posean estos dispositivos tendrán 30 días para entregarlos a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para su destrucción o excluirlos del país.

La norma establece que para los servidores públicos se incrementa la penalidad y puede alcanzar de 15 a 18 años de prisión por incurrir en cualquiera de las conductas señaladas con equipos jammers.

Las disposiciones antes mencionadas se encuentran en el decreto, por lo que se adiciona el artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el artículo 168 Ter al Código Penal Federal.

Queda prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen”, dispone el artículo 190 Bis de la mencionada legislación.

Foto:@canal6Tv

Además, añade: “Con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, se podrá instruir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación para el uso y operación por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centro de internamiento para menores, para efectos de lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 190 de esta Ley, así como para el uso y operación de los mismos por parte de las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional en cumplimiento de sus atribuciones”.

Foto:@Ecodiariozac

Sanciones
El artículo 168 ter del Código Penal Federal dispone: “se sancionará con pena de doce a quince años de prisión, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen con excepción de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinará y supervisará la entrega-recepción por parte de particulares de todos los aparatos que tengan como finalidad bloquear, cancelar o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen y procederá a su inutilización bajo los métodos que considere convenientes.

De la misma forma, las autoridades correspondientes contarán con un término no mayor a 180 días naturales, para realizar las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 220-SCFI-2017, a fin de armonizarla a los contenidos del presente Decreto.

Por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedará obligada de informará anualmente del cumplimiento de las disposiciones expresas en el Decreto, a las Comisiones de Seguridad Pública del Senado de la República y de la Cámara de Diputados federales.

Tal decreto forma parte de las acciones que el gobierno ha emprendido en busca, principalmente, de combatir el robo a camiones de carga en las carreteras y autopistas del país. La delincuencia organizada ha echado mano de los jammers para anular la señal de los dispositivos GPS que sirven para rastrear el paradero y ruta de las unidades. Al bloquear la señal, se impide dar seguimiento de la ubicación de los camiones robados.

Con Información de: El Excélsior